Hallan el cráneo de un niño deforme que sobrevivió hace 500.000 años en Atapuerca

Hace 530.000 años, en la Sierra de Atapuerca (Burgos), un grupo de 'Homo heilderbergensis', antepasados de los neandertales, cuidó de una niña (es lo más probable) que había nacido con una craneosinostosis, una grave deformación del cráneo, hasta su preadolescencia. El hallazgo del fósil de ese cráneo parece indicar que en aquellos lejanos tiempos prehistóricos los individuos diferentes no sólo no eran rechazados, como ocurrió más adelante en la Historia, sino que contaban con protección. El resto humano fue recuperado, dividido en numerosos fragmentos, en la Sima de la Huesos en las campañas de 2001 y 2002. Tras reconstruirlo (hace unos meses se acabó de pegar la base del cráneo), los investigadores comprobaron que tenía una patología muy extraña, que consiste en un cierre prematuro de partes del cráneo en el primer año de vida. En la actualidad, la craneosinostosis se opera cuando los huesos aún son blandos en el bebé. En caso de no intervenir, el afectado puede sufrir presión intercraneal, dado que el cerebro sigue creciendo, que podría afectar a su desarrollo cognitivo y tambien causar daños permanentes en el ojo o el oído. El estudio de este Cráneo 14 revela que se trataba, más probablemente, de una niña de unos 10 años, preadolescente, es decir, no había alcanzado la madurez (su volumen creaneal era de 1.200 centímetros cúbicos). La investigadora Ana Gracia, del Centro de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad Complutense y el Instituto de Salud Carlos III, explica que sufría una craneosinostosis simple lambdoidea, es decir que el lado izquierto estaba fusionado, lo que hizo que el derecho se desarrollara más y pareciera abultado y asimétrico. Sociedad protectora "Es una patología que se da en menos de seis casos de cada 200.000 nacimientos, asi que una rareza excepcional ahora y mucho más en aquella época. Por el estudio parece ser que la fusión ocurrió en el tercer trimestre de gestación por causas traumáticas, como un golpe. Probablemente desarrollaría la tortícolis para compensar su cabeza asimétrica", explica Gracia. Para el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones en Atapuerca, donde trabaja en la Sima de los Huesos, "esta patología es la más importante hallada hasta ahora". "Suelen ser escasas en el registro fósil, pero ésta, además, afecta al desarrollo estético de la persona. Hay que imaginar a un menor que tendría la cara deformada y, como sufría tambien tortículis, con la cabeza hacia un lado. Aunque no podemos saberlo, quizás sufriera también algún tipo de retraso mental", añade. Arsuaga recuerda que, entre los mamíferos es normal que las madres rechacen a las crías que no parecen viables pero en este caso se demuestra que entre los humanos, desde hace mucho, se saca adelanta a los niños atípicos. "Ello nos describe una sociedad protectora y que no discrimina porque su aspecto debía ser muy especial, asimétrico. Algunos colegas nos han dicho que este fósil nos presenta a una humanidad muy humana", argumenta el paleontólogo. El trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of National Academy of Science (PNAS)', sin duda avivará las discusiones en torno al comportamiento de los primitivos del género Homo, sobre su sociabilidad y la protección a la infancia. Los investigadores mencionan en su artículo el caso de un hospicio medieval, el del Hospital Sant James y Sant Mary de Chichester (Inglaterra), donde se ha encontrado un alto porcentaje de cráneos infantiles con este tipo de deformación, lo que indica que los humanos de aquella época sí abandonaban a estos niños, contrariamente a lo que hicieron sus remotos antepasados hace medio millón de años. En la Sima de los Huesos, donde se excaba desde 1976, ya han aparecido restos fosilizados de 28 individuos de diferentes edades del Pleistoceno Medio. Son de la especie 'Homo heilderbergensis' y se cree que en aquel lugar hubo un enterramiento colectivo. Rosa M. Tristán El Mundo

El aborto no provoca cárcel

Ante la fuerte contestación social y científica que ha suscitado la reforma que, a favor del aborto, está preparando el Gobierno, y en un intento desesperado por justificarla y hacerla asumible ante la opinión pública, los máximos dirigentes socialistas parecen tener la consigna de afirmar que el cambio de la ley resulta necesario para evitar «que las mujeres que abortan vayan a la cárcel». Esta explicación se la hemos oído al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, al portavoz en el Congreso, a la ministra de Igualdad y a los responsables del PSOE a quienes se les pregunta. Pues bien, con los datos en la mano, esta afirmación de que, en la actualidad, las mujeres que abortan en España van a la cárcel, es sencillamente falsa. Basta con tomarse la molestia de analizar las sentencias que, sobre el delito de aborto, se han dictado en los últimos diez años, para desmontar esa falsedad. Consultando los repertorios de jurisprudencia, en ese tiempo aparecen dos condenas a mujeres por delito de aborto (sentencias de la Audiencia de Madrid 530/2008, de 6 noviembre, y 733/2003, de 3 noviembre). En ambos casos el aborto fue provocado por la propia mujer mediante la ingesta de pastillas, y se practicó absolutamente al margen de los supuestos legales (y el segundo, cuando el embarazo era ya de 19 semanas, por lo que también sería punible con la ley de plazos que propone el Gobierno). Pues bien, la pena en el primer supuesto fue de seis meses de prisión, y en el segundo de multa de dieciocho meses, a razón de seis euros de cuota día, con nueve meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Es decir que, en ambos casos, dada la escasa entidad de las penas, ninguna de esas dos mujeres, a pesar de que habían abortado infringiendo claramente la norma penal, han tenido que ir a la cárcel. Pero es que en todas aquellas otras situaciones en que la mujer ha acudido a abortar a un centro acreditado, aunque a la postre se haya demostrado que se ha incurrido en alguna ilegalidad, nunca se ha acusado penalmente a la mujer. Sostener que la reforma de la ley actual se justifica en la necesidad de evitar que las mujeres que abortan vayan a la cárcel, es simple y llanamente una gran mentira. Además, debe saberse que el Supremo ha excluido de responsabilidad por aborto a los médicos que se limitan a emitir un dictamen (sentencias del TS 1497/2003, de 13 de noviembre, 1639/2000, de 26 de octubre, o 2002/2001, de 19 de septiembre), e incluso a quienes lo practican, si existía alguna circunstancia que llevaba a pensar que el aborto podía practicarse legalmente. Es decir, tampoco existe un riesgo real de que sean condenados penalmente los médicos que practican o creen practicar abortos dentro de los supuestos legales. Y en los poquísimos casos en que estos profesionales han resultado condenados por practicar abortos ilegales, la pena impuesta siempre ha sido inferior a dos años de privación de libertad, por lo que tampoco han tenido que entrar en prisión (por ejemplo, sentencia de la Audiencia de Granada 788 /1998, de 17 noviembre). Indudablemente, hay abortos que sí conllevan una pena de cárcel, y hay que confiar en que así siga siendo: todos los que no cuentan con el consentimiento de la mujer. De cualquier modo, lo cierto es que hoy en España las mujeres no van a la cárcel por abortar, ni nadie está propugnando eso. Pocas razones tendrá el Gobierno en defensa de su proyecto cuando tiene que recurrir a argumentos como ése que, además de puramente emotivo, no se corresponde con la realidad. JULIO BANACLOCHE CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL DE LA UCM