Solo en Extremadura unos 20.000 empleos dependen directamente del sector del tabaco. Los ingresos económicos que generó, según datos de 2009, superaron los 125 millones de euros entre las primas y el precio comercial. Y todo eso se engorda mucho más si en el conjunto de España se suman estanqueros, empresarios hosteleros y fabricantes de maquinaria transformada de tabaco cuya supervivencia está ligada a ese cultivo. El sector se siente amenazado por las progresivas normativas antitabaco, que a partir de 2013 pueden ser más duras si la Unión Europea modifica la directiva de 2001.
Hoy jueves, en Madrid, toda la cadena de valor del sector -agricultores, industria, la empresa pública Cetarsa y empresas de distribución en estancos o a través de máquinas expendedoras de tabaco en España, así como por la patronal CEOE- presentan en sociedad la Mesa del Tabaco como instrumento para luchar contra «las graves consecuencias económicas y de empleo» que la revisión de la Directiva 2001/37/CE sobre productos del tabaco podría ocasionar para el sector y, por extensión, la economía nacional.
Dos extremeños estarán en esta mesa. Su portavoz será el moralo Ricardo Miranda, director general de la Organización Interprofesional del Tabaco (Oitab). También estará Tomás Sánchez Várez, vicepresidente de la Unión de Tabaqueros de Europa y presidente de la cooperativa Asociaciones Agrupadas TAB de Talayuela. «La agresividad hacia el tabaco obliga a movernos por lo que genera de riqueza para todos este cultivo», señala Várez.
Aunque se encuentra en una fase primitiva, la Unión Europea, ha deslizado tres propuestas para modificar la Directiva que no gustan ni a agricultores ni a los estanqueros ni a las multinacionales. Se refieren a la obligatoriedad para las compañías de utilizar un empaquetado genérico, es decir, vender los cigarrillos en cajetillas uniformes; a la retirada o limitación.
C.J. Vinagre
Diario HOY
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