El grupo de Gestión y Desarrollo Avícola es la única industria ubicada en uno de esos "polígonos" a través de una de sus empresas, VERAVIC. Esta empresa ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos veinticinco años: de ser un matadero que sacrificaba unas pocas docenas de aves al día, ha pasado a ser un matadero en cuyas instalaciones mueren diariamente decenas de miles. Así pues, el acceso existente hasta hoy, no les ha impedido crecer y multiplicarse. Por cierto, dicho acceso, fue financiado con las aportaciones de vecinos del pueblo propietarios de las fincas rústicas aledañas. Una vez más, no se entiende el innecesario atropello que se pretende cometer contra los propietarios que deberán ser expropiados para construir el nuevo vial que comunicaría VERAVIC con la EX-203 entre Cuacos de Yuste y Aldeanueva de La Vera. Similar es el caso del otro vial en la misma EX-203 entre Cuacos de Yuste y Jaraíz de La Vera. Si esto no es suficiente como para darse cuenta del trato de favor hacia una industria en particular por parte de la corporación municipal, ¡pásmense!
En el mismo Pleno, y en otro punto del orden del día, sin ningún pudor, se lleva y aprueba un contrato-acuerdo, firmado por el Ayuntamiento de Cuacos y de Aldeanueva por el que el Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola pagará a esos Ayuntamientos unos 120.000 euros anuales por la utilización de la depuradora que recientemente ambos Ayuntamientos han puesto en funcionamiento.
El esperpéntico pleno municipal tampoco midió las consecuencias que puede acarrear que en él participen con voz y voto y, por lo tanto, decidan en asuntos que afectan a ellos mismos o a familiares muy allegados.
No se trata exclusivamente de denunciar de modo público lo sucedido en este pleno. Ello sería intranscendente para el futuro democrático de nuestra nación. Lo fundamental en este tipo de comportamiento es que se dan con frecuencia en muchos municipios. No hay control ni organismo que supervise las ilegalidades que en ellos se dan. Los partidos políticos han relajado sus costumbres. Uno añora los tiempos en los que organizaban cursos de formación de Alcaldes y Concejales en los que, con sencillez, se instruía acerca de la observancia de las reglas a las que los ediles debían respetar en sus funciones representativas.
¿Y quién paga estos desaguisados? Sin duda, los ciudadanos, a los que no les queda otra salida que el recurso ante los tribunales. Ante ellos, los ciudadanos parten en situación de desventaja con respecto a la Administración Pública, ya que ellos pleitean a su costa y la Administración a costa del erario público. Este asunto se solucionaría si alcaldes y concejales pagaran de su peculio particular las consecuencias de sus desmanes. No cabe duda que muchos se lo pensarían dos veces antes de emitir su voto. Hoy, que todos hablamos de reformas, del desprestigio de la clase política, parece de sentido común que se debe legislar tendiendo a limitar los poderes casi omnímodos de los ayuntamientos. Así como está reconocida jurídicamente la posibilidad de reclamar ante la Administración por el mal funcionamiento de los servicios públicos, también debería poderse exigir responsabilidades a los cargos electos por sus decisiones arbitrarias. El poder del que hacemos depositarios a los cargos electos, a los ediles en este caso particular, no puede ser utilizado como un cheque al portador que, al hacerse efectivo, termine perjudicando a aquéllos que lo otorgaron. Sí, es cierto, podemos no volver a elegir a esos representantes. Pero el fondo de la cuestión no está ahí, está en establecer mecanismos en nuestro sistema que profundicen en la relación entre representante y representado y que impidan que, por parte del primero, se interprete el cargo político como plaza en propiedad.
*Este artículo lo ha escrito Eugenio Hornero Álvarez.
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