Un asesino, en libertad

La ley y los Tribunales de Justicia han llegado hasta donde han podido. El próximo 2 de agosto, el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos saldrá inevitablemente de la cárcel. Sin haber pedido perdón a las víctimas, sin haber resarcido económicamente su daño, sin haber colaborado con la Justicia, sin pruebas de estar reeducado para la convivencia pacífica, De Juana estará libre en apenas dos semanas. Uno de los más sanguinarios terroristas, con veinticinco asesinatos a su espalda, habrá cumplido entonces sólo veintiuno de los 3.000 años de prisión a los que fue condenado. Una sentencia de condena «in extremis» dictada por la Audiencia Nacional por amenazas aplazó por unos meses su infamante puesta en libertad, que pronto será un hecho. Un anticuado sistema de beneficios penitenciarios -paternalista, obsequioso y antisocial-, unido a un criterio punitivo que trataba casi por igual el asesinato de una persona que el de una docena, explican la excarcelación de Juana Chaos. La supresión de los beneficios penitenciarios en 1995 y, sobre todo, el principio de cumplimiento íntegro de las condenas, implantado en 2003, han dado al sistema penal más rigor, pero hay daños profundos en la confianza social hacia el Estado y siguen siendo necesarias nuevas reformas que demuestren que los poderes públicos han aprendido de los errores del pasado. Desde 2004 no se ha modificado una sola ley para mejorar la lucha antiterrorista. El gran y único avance en esta materia durante el primer gobierno de Rodríguez Zapatero fue una decisión judicial, la llamada «doctrina Parot», instaurada por el Tribunal Supremo -con el criterio en contra de la Fiscalía- para que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre cada una de las condenas impuestas al delincuente, y no sobre el límite máximo de cumplimiento, como venía sucediendo hasta entonces. A De Juana Chaos no se le pudo aplicar la «doctrina Parot» porque era firme la refundición de sus condenas. Aunque este mal no tenga vuelta atrás, políticamente no tiene excusa que el Gobierno no haya incorporado ya esta doctrina jurisprudencial al Código Penal. Su legalización la consolidaría definitivamente, al sustraerla de nuevas revisiones judiciales. Visto con perspectiva, resulta aún más inconcebible que el chantaje de la huelga de hambre de De Juana tuviera éxito. En aras de la negociación se cometieron indignidades que nunca más deben repetirse, porque al final sólo benefician a delincuentes, como De Juana o como Arnaldo Otegi, blindado por la Fiscalía General de las querellas que la propia Fiscalía había interpuesto con anterioridad y encarcelado por una condena que se salvó de las triquiñuelas que dieron impunidad al ex portavoz de Batasuna mientras duró la negociación política del Gobierno con ETA y el entramado batasuno. Otegi también saldrá pronto de prisión, a finales de agosto, y su libertad mostrará nuevamente que los límites del Estado de Derecho, siempre necesarios, resultan en ocasiones injustificadamente estrechos y, lo que es aún más grave, actúan a veces como inhibidores de la capacidad intimidatoria que todo sistema penal debe mostrar frente al delincuente. El momento actual es propicio para que PP y PSOE retomen la colaboración institucional en la lucha contra el terrorismo. Siguen siendo necesarias nuevas reformas legales, más iniciativas políticas y mejores respuestas judiciales que, por ejemplo, hagan olvidar el funambulismo del fiscal general con la Ley de Partidos Políticos. Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo al Gobierno porque ahora está haciendo parte de lo que el PP le reclamaba que hiciera. Pero no basta con detener etarras. El Gobierno tiene la responsabilidad de aprovechar la ocasión y llevar al Congreso este incipiente consenso antiterrorista. La legalización de la «doctrina Parot» o la proscripción del «callejero etarra» son ejemplos de lo que aún puede hacer el Estado de Derecho para arrinconar a los terroristas y llevarlos al desánimo absoluto y a la pérdida de cualquier esperanza. Editorial ABC