Siniestralidad laboral, tolerancia cero

DESDE hace más de una década la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el movimiento sindical mundial conmemoran, cada 28 de abril, el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En este día se recuerda a las personas que cada año mueren en accidentes de trabajo -2,2 millones- o aquellas que, sin perder la vida, sufren secuelas -270 millones- o contraen una enfermedad profesional -160 millones-. Estas cifras, que según la OIT, crecen año tras año, denotan la magnitud y globalidad de esta lacra social que se ha venido a denominar siniestralidad laboral. En Extremadura un día como hoy debemos traer a la memoria, principalmente, a los veintiséis trabajadores que murieron en el último año, trece de ellos en el centro de trabajo y otros trece en accidentes de tráfico, al ir o volver desde su domicilio al trabajo. Se trata de una estadística que, por repetida, no tenemos que asumir con naturalidad o considerarla como un tributo inexorable al desarrollo económico de nuestra región; al contrario, un desarrollo ético y sostenible es perfectamente compatible con la seguridad y salud en el empleo. La gestión de los riesgos en el entorno laboral debe ocupar y preocupar al empresario, en primer lugar, pero buscando siempre la implicación del trabajador, sin olvidar el papel que el ordenamiento jurídico reserva a los poderes públicos y a las organizaciones empresariales y sindicales. La interacción y coordinación de todos estos actores en las tareas que a cada uno le es debida, es una premisa imprescindible para atacar este problema. Nos jugamos en este envite, nada más y nada menos, hacer reales y efectivos derechos fundamentales tales como la vida, la salud, la integridad física y el trabajo. Por eso, una sociedad moderna y avanzada no puede convivir con esta lacra, ha de ser intolerante con la siniestralidad laboral, no sólo por razones económicas y de productividad, sino además, y muy principalmente, para evitar el sufrimiento humano que no es mensurable. En este empeño y fruto de esta interacción ha visto la luz en el verano de 2007 la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que han confluido, sin fisuras, los gobiernos de España y de todas la comunidades autónomas, junto con los agentes sociales estatales. Este proceso se ha completado en Extremadura con la firma del V Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales, en el mes de marzo de 2008 por el presidente de la Junta y nuestros agentes sociales. Estos documentos contienen las políticas públicas que van a tratar de dar respuesta en el corto, medio y largo plazo al problema de la siniestralidad laboral, con un doble objetivo: reducir las tasas de accidentalidad a niveles europeos -un 25%- y mejorar la calidad en el empleo. Todo ello en el horizonte del año 2012. Estos procesos de concertación social han sido modélicos, ha habido un altísimo grado de coincidencia en el diagnóstico del problema y, por tanto, en la formulación de las soluciones, que tienen el valor añadido de su permanencia en el tiempo con independencia del color político del gobierno que en cada caso las lleve a la práctica. Este entendimiento lo ha propiciado considerar que el trabajo ha de ser una fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar, de crecimiento económico y, en ningún caso, origen de pérdida de la propia vida o de sufrimiento humano. JOSÉ LUIS VILLAR, Director General de Trabajo de la Junta de Extremadura Diario HOY