La respuesta que merece el PNV

EL bloque nacionalista volvió a unirse ayer en el Parlamento vasco para aprobar la ley de consultas con la que Ibarretxe pretende dar una imposible cobertura legal a su referéndum soberanista. El Partido Comunista de las Tierras Vascas se desdobló en el pleno parlamentario, por un lado, criticando al PNV y, por otro, dándole el voto que deshace el empate con PP y PSE. Lo que sucedió ayer en la Cámara vasca está escrito en el guión del pacto de Estella y renueva la coalición de intereses estratégicos que forman ETA y el PNV. La iniciativa del lendakari no tiene viabilidad en ningún sentido, pero eso es lo que menos le importa a Ibarretxe y a su Gobierno. Lo que han buscado junto con ETA es azuzar la crispación y, en definitiva, el verdadero «conflicto vasco», que no es otro que la «zona cero» de libertades que provoca la pinza del terror de ETA con la deslealtad del PNV. El Gobierno central y el PP han anunciado que impugnarán la ley ante el TC y habrá que confiar en que este tribunal cumpla sus deberes con mayor diligencia que en otros casos. Tan importante como activar los procedimientos constitucionales ante el TC es sacar las consecuencias políticas adecuadas. La primera es que PP y PSE deberían asumir que el PNV ha quemado definitivamente sus naves y que es un partido irrecuperable para el acuerdo político mientras no sufra la pérdida del poder y la crisis interna que ésta conllevaría. Sería un error que las fuerzas no nacionalistas secundaran la trampa argumental de separar a Ibarretxe del PNV y asumieran la carga de administrar la implosión del PNV dándole una nueva oportunidad antes de que cargue con su responsabilidad histórica. Hasta ahora, los nacionalistas han utilizado la benevolencia de los demás en su propio beneficio, única explicación posible a que el PNV haya instaurado en el País Vasco un régimen impermeable a los valores constitucionales de libertad e igualdad de los españoles. En segundo lugar, la aprobación de la ley de referendos no es un acto episódico. Es una nueva etapa en una campaña sistemática de enfrentamiento con el Estado y de desafío a la legalidad. Sin duda, es la iniciativa más grave realizada por el nacionalismo vasco gobernante y se produce con el Gobierno central que más ha contemporizado -y quizá esta sea una de las razones que lo explique- con los partidos separatistas. Incluso derogó el delito de convocatoria ilegal de referéndum. La respuesta política adecuada tanto desde el Estado como desde los partidos constitucionalistas nacionales debe adecuarse a la gravedad del envite y ha de tener el contenido histórico y constitucional que requiere. Con esta premisa es absurdo que se descarte de antemano la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque apelar a este precepto no significa suspender la autonomía vasca, sino recuperar, durante el tiempo preciso, las competencias que la administración autonómica esté utilizando deslealmente -como la legislativa o la educativa- contra los intereses nacionales y el orden constitucional. No hay que temer a una reacción victimista del PNV, porque ésta se produce siempre, haga lo que haga el Estado. Además, es necesario que PP y PSOE sean conscientes de que ya es estéril seguir a la defensiva con el nacionalismo vasco actual. Se hace precisa una reacción que, similar a la que se produjo en Canadá con la «política de la claridad», neutralice por anticipado cualquier nuevo intento secesionista. Las instituciones federales canadienses arrebataron la iniciativa al nacionalismo quebequés e hicieron valer la unidad nacional con instrumentos legales y firmeza institucional. Ahora, al PNV ya no le vale el mal llamado «modelo quebequés» -más bien es el «modelo canadiense»- y busca refugio en la perniciosa independencia de Kosovo. Ibarretxe ha cruzado una nueva «línea roja». Que ésta sea la última línea dependerá del Gobierno de Zapatero y del urgente acuerdo constitucional entre PP y PSOE, necesario además para que la osadía que ayer perpetró el PNV con su aliado proetarra de desafiar a la soberanía del pueblo español no quede impune. Editorial ABC